Con este mensaje recibimos a la actual administración del Estado –el año 2006– en quechua, en aymara, en asháninka, en castellano y con la firma de 30,000 peruanos y peruanas, entregamos un memorial al Presidente, demandando el cumplimiento estricto de las obligaciones del Estado para con todas las víctimas de la violencia política… han pasado tres años y la herida se agrava, se extiende y se profundiza.
El movimiento ciudadano Para que no se Repita, congregado en su XIV Reunión Nacional en noviembre pasado, junto a las instituciones abajo firmantes,
MANIFESTAMOS:
Nuestra indignación por la interrupción del Registro Único de Víctimas, herramienta indispensable para reparar individualmente a las familias sobrevivientes.
Nuestra preocupación por la conducción del Plan Integral de Reparaciones (PIR), que a tres años, sólo atiende reparaciones colectivas desconociendo el carácter integral de las mismas y su perspectiva reconciliadora.
Nuestra protesta por la lentitud en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010.
CONSTATAMOS:
El abandono por parte del Ejecutivo de la lucha contra la corrupción, que por el contrario, viene siendo practicada con absoluta impunidad.
Que se recentralizan los recursos públicos en el gobierno central, impidiendo el desarrollo de una auténtica descentralización.
Que varias voces críticas a la actual administración, vienen siendo silenciadas en franco atentando contra las libertades informativas.
Que las protestas sociales van en aumento, producto de la poca capacidad de escucha y solución de este Gobierno, y que en muchos casos vienen siendo criminalizadas.
Que el abuso de autoridad se institucionaliza con la dación de leyes inconstitucionales.
ALERTAMOS con extrema preocupación:
Que las acciones del Gobierno no se inscriben en las prioridades nacionales, concertadas cual mandato en el Acuerdo Nacional.
Que la democracia, con tanto esfuerzo recuperada hace nueve años, viene siendo debilitada en sus cimientos.
EXHORTAMOS:
- A las fuerzas políticas y poderes del Estado, a unirnos en defensa y vigilancia de la democracia con justicia social, a combatir la desigualdad y la exclusión, a actuar en favor de la dignidad humana, consagrada en nuestra Constitución.
- A los Gobiernos Regionales y locales, a continuar sumando esfuerzos a favor de la descentralización, incluyendo en sus agendas la atención a las poblaciones afectadas por el conflicto armado interno y a fortalecer la participación ciudadana.
- Al Gobierno central a rectificar su actuación, honrar su palabra y cumplir los compromisos públicamente asumidos, especialmente con las víctimas de la violencia y con los sectores más vulnerables y olvidados de nuestra patria.
- A todos y cada uno de nuestros compatriotas, gobernantes y gobernados, a comprometernos activamente en la imprescindible reconciliación nacional.
Ver Pronunciamiento publicado: http://peru21.pe/impresa/edicion/2009-12-13/230192
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